En los últimos meses, multitud de transportistas y conductores españoles están recibiendo notificaciones de reclamación de la concesionaria de las autopistas y autovías portuguesas por los presuntos peajes dejados de abonar en los últimos años.
El recargo económico en concepto de gestión y gastos administrativos supone, en la mayoría de los casos, un incremento de hasta el 5000% sobre los peajes no abonados.
De este modo, un conductor al que se le exige una deuda por impago de peajes sobre un importe de sólo 5€, está reclamando a pagar un total de casi 250€. En otro caso, a una gran empresa de transporte que presuntamente adeuda en torno a 1.000€ en concepto de peaje, se le exige una penalización por importe de 21.583,53€.
Según las comprobaciones realizadas por FENADISMER, las reclamaciones remitidas a los transportistas españoles adolecen de importantes defectos y errores, lo que hace aconsejable no abonar las cauntías exigidas, sino recurrirlas administrativamente.
Entre los defectos detectados, se encuentran los relativos a la exigencia de Brissa, principal concesionaria portuguesa que además explota la autopista A-3 entre la frontera de Valença y Oporto, del abono de importes de peajes a transportistas que no eran titulares del vehículo objeto del presunto impago. Tales errores se deben a que la concesionaria está tomando como referencia la información sobre la titularidad del vehículo en la fecha actual que consta en el Registro de la Dirección General de Tráfico, sin tener en cuenta las posibles transmisiones que dicho vehículo haya podido tener con anterioridad.
Asimismo, se han detectado equivocaciones debidas a la avería o falta de lectura adecuada de la matrícula del vehículo denunciado, imputando la falta de pago a otra empresa de transportes, lo que sitúa a los transportistas en una situación de indefensión frente a las reclamaciones recibidas.
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